martes, 27 de diciembre de 2016

LAICISMO
Durante siglos, ha sido la tradición religiosa –institucionalizada en la iglesia oficial- la encargada de vertebrar moralmente las sociedades. Pero las democracias modernas basan sus acuerdos en leyes y discursos legitimadores no directamente confesionales, es decir, discutibles y revocables. En este marco institucional secular no se excluye ni mucho menos se persigue creencias religiosas: al contrario, las protege a las unas frente a las otras. Porque la mayoría de las persecuciones religiosas han sucedido históricamente a causa de la enemistad intolerante de unas religiones contra las demás o contra los herejes.
En la sociedad laica, cada iglesia debe tratar a las demás como ella misma quiere ser tratada, y no como piensa que las otras se merecen y tienen acogida las creencias religiosas en cuanto a derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros. “Pertenecer a una comunidad es un derecho del individuo pero en modo alguno un deber; las comunidades son bienvenidas en el seno de la democracia, pero solo a condición de que no engendren desigualdades e intolerancia” (Todorov).
Las religiones pueden decretar para orientar a sus creyentes qué conductas son pecado, pero no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado legalmente delito. La legalidad establecida en la sociedad laica marca los límites socialmente aceptables dentro de los que debemos movernos todos los ciudadanos, sean cual fueren nuestras incredulidades. Una conducta tipificada como delito por las leyes vigentes en la sociedad laica no puede ser justificada, ensalzada o promovida por argumentos religiosos de ningún tipo ni es atenuante para el delincuente de la buena fe que declara. Son las religiones quienes tienen que acomodarse a las leyes, nunca al revés.
La formación religiosa de los ciudadanos no tiene por qué ser obligación de ningún Estado laico, aunque naturalmente debe respetarse el derecho a cada confesión a predicar y enseñar su doctrina a quienes lo deseen, eso sí, fuera de horario escolar. Ante todo debe recordarse que la enseñanza no es solo un asunto que incumba al alumno y su familia, sino que tiene efectos públicos por muy privado que sea el centro en que se imparta. Una cosa es la instrucción religiosa o ideológica qua cada cual pueda dar a sus vástagos siempre que no vaya contra leyes y principios constitucionales, y otra el contenido del temario escolar que el Estado debe garantizar con su presupuesto que se enseñe a todos los niños y adolescentes. En esto consiste precisamente la laicidad y no otra cosa más oscura y temible. Sin embargo el laicismo va más allá de proponer cierta solución a la cuestión de las relaciones entre la Iglesia (o iglesias) y el Estado.  Es una determinada forma de entender la política democrática y también una doctrina de la libertad civil. Consiste en afirmar la condición igual de todos los miembros de la sociedad, definidos exclusivamente por su capacidad similar de participar en la formación y expresión de la voluntad general y cuyas características no políticas (religiosas, étnicas, sexuales, genealógicas, etc.) no deben ser tomadas en consideración por el Estado.
Se ha discutido mucho la oportunidad de incluir alguna mención en el preámbulo de la venidera Constitución de Europa a las raíces cristianas de nuestra cultura. Pero ello podría implicar la inclusión explícita de otras muchas raíces e influencias más o menos determinantes lo cual plantearía diversas paradojas como rendir homenaje a los agnósticos e incrédulos posteriores que combatieron el cristianismo convertido en una nueva idolatría estatal.
El combate por la sociedad laica no pretende erradicar las influencias teocráticos de algunas confesiones religiosas, sino también los sectarismos identitarios de etnicismos, nacionalismos y cualquier otro que pretenda someter los derechos de la ciudadanía e igualitaria a un determinismo segregacionista.
Quizá el primer mandamiento de la laicidad consista en romper la idolatría culturista y fomentar el espíritu crítico respecto a las tradiciones propias y ajenas.
“No hay tiranía peor que la de una conciencia retrógrada o fanática que oprime a un mundo que no entiende, en nombre de otro mundo que es inexistente” (Santayana).

Luis Pertejo.

Madrid, diciembre, 2016.

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