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EL SEXO DE PAGO ES UNA INSTITUCIÓN VIOLENTA Varias mujeres en la calzada, semidesnudas, maquilladas, transitan por las arterias más populosas de Madrid, por polígonos industriales abandonados o por una carretera secundaria donde surgen luces de neón. Gran parte de ellas proceden de países del Este. Todo ello forma parte del paisaje cotidiano en España y otros tantos países en los que se practica el sexo de pago y que goza de aceptación social porque está en el corazón de la desigualdad entre hombres y mujeres. La prostitución ha estado presente durante toda la historia, y suele decirse que es el “empleo” más antiguo de la humanidad, y se ha ido adaptando a los cambios económicos, sociales y culturales. El tráfico de mujeres se expandió y asumió las mismas lógicas que el mercado internacional, generando así un cambio de modelo: los pequeños clubes han dado paso a macro burdeles y a redes internacionales de trata que mueven mujeres de forma masiva de países pobres a otros Estados de bienestar desarrollados, formando hoy parte del mercado global. Tanto es así que en estos días estamos viendo como grupos de proxenetas se acercan a las fronteras de Ucrania ofreciéndoles a las mujeres que allí se encuentran comida y transporte para Europa. El sistema de prostitución es escurridizo y se nutre de la ambigüedad en torno a la idea del consentimiento: la posible voluntad para prostituirse, centrando el debate en la libertad individual, no puede condicionar el análisis ético y político de un fenómeno de esta envergadura. Es importante apuntar que separar las categorías de explotación sexual y prostitución no resulta útil porque ambas forman parte de una misma estructura de violencia y dominación que hunde sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres: una actividad que compromete valores como la igualdad, la dignidad o la integridad es radicalmente incompatible con el estado de derecho. La libertad está ligada a la capacidad de elegir de los individuos, y la realidad que representa mayoritariamente la prostitución, es poco probable que esa elección quepa en la inmensa mayoría de las mujeres que se encuentran prostituidas. Parece evidente que, en contextos de falta de recursos, feminización de la pobreza, migración y mafias, las mujeres no son sujetos de derecho que eligen, sino mera mercancía. Hablamos de mujeres, en su mayoría despojadas de su condición de ciudadanas, aceptando como legítimo que las mujeres pongan su sexualidad a disposición de los hombres y no de sí mismas. Se trata de personas expulsadas de sus entornos culturales y familiares; mujeres que dejan su proyecto de vida. Parte fundamental de la prostitución consiste en anular su pasado en un lugar en donde no hay futuro: la cancelación de su identidad es condición de posibilidad del negocio, y todo ello nos conduce a que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución, estamos ante una práctica que es incompatible con los valores democráticos. En España, uno de los países europeos que por más sexo de pago registran, no está depurando esta actividad desde el punto de vista legal. La redacción actual del Código Penal en materia de proxenetismo apenas ha permitido que se dicten sentencias por este tipo de delitos. Necesitamos darnos normas que extingan una institución incompatible con los valores que nos rigen, aunque acabar con la prostitución será como difícil sea que los hombres renuncien a pagar por sexo. El pensamiento feminista ha logrado su democratización haciendo evidente que las mujeres sufrían la injusticia de cargar a sus espaldas con trabajo invisible. Pese al largo camino que aún queda, la Ley contra la Violencia de Género son ejemplos de ese éxito. Entender que la prostitución es una institución violenta aceptada es el primer paso para avanzar hacia la siguiente gran norma igualitaria: una ley integral contra la trata. Luis Pertejo. Madrid, junio, 2024.