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EFEMÉRIDE

En aquella primavera de 1977, hace hoy 40 años, se celebraron en España las primeras elecciones generales democráticas desde febrero de 1936. Entre una y otra fecha, una II República convulsa, una cruel Guerra Civil y casi cuarenta años de una dictadura con una libertad soterrada, el Presidente del Gobierno Adolfo Suarez aquél 15 de junio de 1977, miércoles, consiguió llevar hasta el pie de las urnas a casi un 80% de una ciudadanía mayor de 21 años, hambrienta de democracia, de reconocimiento de sus derechos y de unos niveles  de vida y libertad y que constituían un llamamiento a la esperanza. Ante los colegios electorales se había establecido un fervor silencioso de unas colas de gente muy dispar, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Unos votábamos por primera vez y asumíamos ese derecho como un don que se nos había regalado; otros lo ejercían como una conquista largamente sufrida y peleada; algunos todavía metían la papeleta temblorosamente entre lágrimas recordando aquéllos tiempos derrotados de la República donde aún permanecían sepultados sus sueños. Se vivía con ilusión, incluso con cierta euforia, la vuelta a la democracia.

Había un aire de una mezcla de entusiasmo, preocupación y audacia. La incertidumbre y el miedo pesaban en el ánimo de los españoles y existía un cierto temor a lo desconocido. Porque era un tiempo en el que se hablaba de democracia, pero seguían vigentes leyes y costumbres de la dictadura y horrorizaba la posibilidad de un nuevo enfrentamiento fratricida. Los que vivimos el año 1977 conocemos muy bien la abrumadora incertidumbre del momento. Pero España, los españoles, lo consiguió: con el temor, la generosidad, la prudencia y el redescubrimiento del mutuo respeto que tantos pusieron sobre la mesa. Todas las formaciones políticas, llegadas desde el fondo del franquismo, desde el exilio y la clandestinidad, desde los Sindicatos y la Universidad se pusieron de acuerdo en empujar en la misma dirección de la historia y hacia un horizonte de concordia. Se le llamó entonces el espíritu de la transición. España dejaba de ser diferente del resto de los países desarrollados.

Los comicios de 1977 pusieron de relieve los anhelos de modernización de nuestra sociedad y la necesidad de buscar soluciones consensuadas. España votó masivamente por la reconciliación, la concordia, la modernización, el europeísmo y la apertura. En esta votación la participación fue de un 79%. La UCD de Adolfo Suárez ganó con 165 escaños. Le siguió el PSOE de Felipe González con 118 escaños. En tercer lugar, con 20 escaños, el Partido Comunista, con Santiago Carrillo al frente. Alianza Popular de Fraga Iribarne, la derecha más vinculada al franquismo, con 10 escaños. Los socialistas de Tierno Galván lograron 6 escaños. Los nacionalistas vascos y catalanes también obtuvieron representación  parlamentaria. Fue la gran noche del lento recuento electoral. Y los representantes del pueblo español elegidos aquél 15 de junio, 350 diputados (21 diputadas) y 248  senadores (6 senadoras) cuya edad media estaba entre los 36 y los 45 años con un 20% que tenían menos de 35, compondrían un Parlamento bicameral cuya existencia fue el primer y más relevante elemento genuinamente democrático con el que se culminaba la fase inicial de la transición, y se pasaba a la puesta en acción del poder constituyente para diseñar el marco de la nueva convivencia democrática de todos los españoles: la Constitución del 29 de diciembre de1978 que afirma un Estado de derecho, la sucesión en el poder de distintos partidos y la puesta en práctica de un modelo de poder territorial de verdadero autogobierno político a través del Parlamento, que es expresión del tipo de Estado específicamente definido en el artículo 1 de la Constitución de 1978: social y democrático de derecho, cuyos valores supremos son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y en donde la soberanía nacional reside en el pueblo español.

En este día se da un paso de gigante para salir de ”a longa noite de pedra” que diría Celso Emilio Ferreiro:

“Alzaremos la esperanza/sobre esta tierra oscura/como quien alza una antorcha/en la noche sin luna”

y para conseguir los principios de una persona un voto y la consagración de los derechos fundamentales, el reconocimiento a las identidades colectivas y sus derechos lingüísticos y culturales, la separación de poderes, el gobierno de las mayorías y el respeto a las minorías. Y la legalización de todos los partidos, condición indispensable para la democracia. Por fin España dejaba de ser una anomalía en el sur de Europa.

La prueba que de ello queda como icono sobre la transformación que vivió España en el inicio de la democracia es la imagen que revela la escena de Dolores Ibárruri, Pasionaria, descendiendo por las escalinatas del Congreso del brazo de Rafael Alberti ante las miradas despectivas o recelosas de los diputados tras estas elecciones de 1977. Se procede a constituir la Mesa de Edad que deberá presidir inicialmente la sesión. La Cámara guarda silencio, pero cuando ambos coinciden con el resto de los llamados a constituir aquélla Mesa, algunos de ellos vinculados a los orígenes del  franquismo, y toman posesión de las sillas, todos los diputados prorrumpen en aplausos. “Se instaló una empatía instantánea entre todos” recuerda la profesora de historia y diputada constituyente Nona Vilariño, quien a su vez se lamenta de que las mujeres no tenían acceso a los cenáculos del poder. Ninguna de las 27 mujeres parlamentarias entre 570 hombres participó en la redacción de la Constitución que consagró la igualdad ante la ley sin distinción de sexos, pero prefirió que el Rey tuviera preferencia en la sucesión de la Corona. “No es la Constitución de la españolas”, se lee en un manifiesto que llamaba al voto negativo en el referéndum. Se ignoró el movimiento feminista en una Cámara de mayoría de derechas. Y sin embargo, las mujeres fueron las catalizadoras de los derechos y el gran motor que ha acelerado este cambio y respaldo de la democracia. Éramos conscientes de que muchos de los vestigios del pasado seguían vivos con la intención de poner palos en la rueda. Ni el Rey ni Adolfo Suárez gozaban de una confianza asentada. “La democracia ha comenzado. Ahora vamos a tratar de consolidarla”, proclamó el Rey al inaugurar aquéllas primeras Cortes. Ahora empieza la difícil tarea de construir la libertad, de todos y para todos.

Entonces los diputados tuvieron que aprender la democracia sobre la marcha. Los diputados no tenían despachos, y el corazón del congreso era el bar, según recuerda la periodista Soledad Gallego-Díaz, donde se pasaban muchas horas tratando de llegar a acuerdos entre cigarrillos, copas y puros: “Al principio no teníamos ni sueldo, que tuvo que fijarse más adelante. Hubo que improvisar sobre la marcha, y trabajábamos sin parar, de la mañana a la noche, pues lo importante era cubrir objetivos, pequeños y grandes”. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, opina “Entonces había ánimo de convencer al otro y también de dejarse convencer. Hubo debates muy tensos, pero nada rompía el deseo de llegar a acuerdos”. “Era la primera vez que se hablaba en libertad en el Parlamento después de muchos años y se respetaba al contrario” recuerda Gallego-Díaz. Manuel Fraga, entonces ministro del Interior se cruzó con Ramón Tamames apenas unos meses después de enviarle a prisión. Ochenta de los parlamentarios que iban a aprobar  la Constitución habían estado en las cárceles de Franco y uno había sido condenado a muerte. El 83% de los diputados y senadores tenían estudios superiores. La palabra sigue siendo hoy el medio más eficaz para buscar en la Cámara el consenso en torno a las decisiones importantes o extraer de la confrontación de ideas la síntesis más eficaz.

Cuando un mes después de la cita con las urnas, el rey Juan Carlos inauguró solemnemente aquéllas Cortes Constituyentes, pidió a los diputados y senadores electos “Que trabajaran por una España armónica en lo político, justa en lo social, dinámica en lo cultural y progresiva en todos los aspectos, basada en la concordia y con capacidad de protagonismo en el mundo”.

Los constituyentes aprobaron una Monarquía en aras a de la democracia y la paz civil. Y le colocaron un apellido - “parlamentaria”- con lo que la despojan de poder ejecutivo, dándole así un giro parlamentario y constitucional, por lo que quien ostentará la soberanía será el pueblo.

Y se encontraron entonces con una España que tenía un esbozo de sistema social creado en los años 60 y 70 raquítico y altamente ineficaz. Una Seguridad Social que solo cubría a los asalariados que cotizaban; apenas uno de cada cinco parados cobraban el subsidio de desempleo; el sistema educativo estaba troceado en múltiples redes e iniciativas y gran parte estaba en manos de organizaciones vinculadas a la Iglesia. La confusión entre público y privado propiciaba todo tipo de clientelismo, corruptelas y apropiaciones. El cambio se inició con los Pactos de la Moncloa “de saneamiento y reforma de la economía” firmados en el mismo otoño de 1977. Sirvieron para superar la grave crisis económica de principios de los setenta, sentar las bases de la modernización del país y abordar las reformas en profundidad como las que se habían desarrollado en Europa occidental después de la II Guerra mundial, necesarias para conseguir un Estado de bienestar homologable.

Los españoles de entones éramos tan solo 36 millones, apenas nos codeábamos con ciudadanos de otros países, éramos más pobres y más bajitos. Sin embargo, había tanta impaciencia que los jóvenes se hicieron adultos a toda velocidad y tomaron las riendas. Los nuevos líderes sociales y políticos apenas si habían superado los 30 años de edad y ya tenían hijos. Al principio de la década los hombres trabajaban masivamente mientras las mujeres seguían dedicándose al hogar, pero de nuevo la sociedad imprimió un cambio vertiginoso. En sólo 10 años, la tasa de ocupación femenina pasó del 18% al 27%. La sociedad vivía preocupada por el terrorismo y también por el paro, que estaba entonces a un nivel del 5,80% sobre una población activa de 13 millones de personas en las que se alistaban pocas mujeres todavía.

La apertura al mundo tras décadas de autarquía. Esta apertura iniciada en los sesenta se consolidaba en esta década. Se permitía por primera vez a los bancos extranjeros instalarse en España, Burguer King abría en Madrid su primer establecimiento, y el tener coche era un sueño y una tragedia. En un parque automovilístico de apenas 10 millones de vehículos, 4.500 personas dejaron la vida en la carretera en 1977. Se lanzaron las tarjetas de crédito justo ese año, pero apenas se utilizaban. Telefónica tardaba 15 meses en instalar una línea y entonces explotaba 5,6 millones. El ritmo de la inflación era tan galopante como todo lo demás: el 26,3%, pero la prosperidad asomaba al compás de la democracia. Ese año el PIB por habitante creció como nunca hasta tocar los 1.657 euros (al cambio con la moneda en curso de entonces, la peseta). Hoy está a en 24.000. No obstante se sufrían los altos precios y los bajos salarios.

El periodismo era todavía una actividad de alto riesgo, pero se terminó con la censura previa, aunque aún eran habituales los procesos y el secuestro de ejemplares. La única telelevisión de la época, TVE, ya emitía muchos programas en color. Los únicos informativos eran los de Radio Nacional, pero la revolución ya estaba en la calle. En la aún casposa España, apenas un año después de muerto Franco, la sociedad pisaba con fuerza en el acelerador de la historia.

Cualquiera que fuera el análisis, las elecciones de 1977 significaron para todos una cosa: quien había ganado ese 15 de junio no era la España de los señoritos, la Guardia Civil represiva, ni los campos bajo la férula de los curas, sino de la de los ciudadanos modernos, urbanos y diversos. La de los ciudadanos de una España que se estaba integrando irrevocablemente en el conjunto de las naciones modernas, democráticas y libres. Las elecciones de 1977 dieron paso a un período constituyente que inauguro la etapa más fructífera y de nuestra convivencia, y nada de eso sucedió por casualidad. Fue la consecuencia  de un empeño decidido y constante de los líderes políticos del momento por buscar vías de acuerdo y reconciliación entre las dos, ya aún muchas Españas confrontadas, en cuyo conflicto radicaba la génesis de nuestro atraso secular.

Lo que marcó el paso a la democracia fue el acceso y la difusión de las artes. La caída de los filtros de la represión y la censura coincidió con el despegue de una generación que no había sufrido el hambre y la miseria de la posguerra. Tener 18 años en 1977 era ser joven en un país joven, estimulante, prometedor, pero todavía con costumbres chuscas, atávicas de las que reírse o a las que aferrarse según conviniera. Afloraron músicos, dramaturgos, cineastas, editores, poetas, escritores, fotógrafos, bailarines, para lo que todo antes estaba prohibido se permitía y además se vendía muy bien. La estela de esos creadores ha sido más influyente que la de ninguna otra generación en la historia de España, y sin embargo, prevalece el sentimiento de exclusión. Como sociedad, entonces y ahora seguimos sin tener conciencia de la importancia estratégica de la cultura.

Para muchos de los que nacieron posteriormente a esta efeméride, entendieron que un régimen democrático existió desde siempre.  Pero lo que no saben es que la democracia no se aprende de un día para otro, porque es preciso asimilar  en qué consiste, lo cual exige tiempo. Y el hecho en sí es que nuestra democracia es raquítica en cuanto a su edad, sobre todo si la comparamos con la cultura democrática del Reino Unido o de Estados Unidos. La historia moderna de esos dos países es la historia ininterrumpida de más de doscientos años de democracia, durante los cuales los hábitos democráticos han arraigado en la mentalidad y las costumbres de la ciudadanía. Nuestra historia, en cambio, es una historia de dictaduras, guerras civiles, revoluciones, pseudodemocracias y, cómo no, golpes de Estado salpicada de paréntesis democráticos. La actual es la democracia más larga de nuestra historia, porque hemos pasado de una economía atrasada a una moderna. Se ha logrado la cohesión social territorial propia de un Estado de bienestar. Se ha desvanecido la injerencia militar y la igualdad de género y la libertad sexual han dado pasos de gigante. Y los focos de la violencia terrorista han sido tras mucho esfuerzo, domeñados. Hoy somos más y vivimos más y mejor. La población ha aumentado en 10 millones de personas en estas cuatro décadas y la esperanza de vida en 8 años. Hemos multiplicado por seis nuestra renta per cápita. En algo más de una generación se ha producido una transformación tan vertiginosa que se puede calificar de revolución.

Claro que esta realidad no debe llevarnos a la autocomplacencia, ya que hay retos mal resueltos o pendientes. En los 40 años transcurridos desde aquéllas primera elecciones, ha habido que lamentar repetidas veces nuestra falta de práctica y experiencia democrática lo que nos ha llevado a problemas no resueltos como el desempleo, la corrupción de los integrantes de los partidos políticos, la extensión de la desigualdad, y sobre todo el encrespamiento de la cuestión catalana.

Porque es imposible conseguir lo que otros han hecho en dos siglos, extirpando el dogmatismo, la intolerancia y la barbarie ancestral de nuestra cultura política. Nosotros aún no lo hemos conseguido, y eso explica las ideas incalificables que a veces algunos tienen sobre la democracia. Y así aparece, aunque no de repente, casos como el de los secesionistas de Cataluña, donde parte de la población pretende organizar un referéndum prometiendo ir hacia la independencia si este fuera favorable a esta consigna, argumentando que la democracia consiste en votar, como si en las dictaduras no se votase. Efectivamente, no hay democracia sin votos, pero no bastan los votos para que exista democracia; tampoco basta con respetar la ley, pero sin respeto a la ley la democracia es una estafa. En los dos citados países, USA y UK, es inimaginable que un político diga algo parecido sin que lo destituyan e incluso lo encarcelen. Estos independentistas no han entendido aún que la ley en democracia está para cumplirse, pero también para cambiarse, lo cual sirve para conjurar esos peligros, canalizando de manera pacífica y razonable los conflictos potenciales.  El disparate catalán ha alcanzado cotas grotescas y de una zafiedad intelectual sin  límites. En el llamado “proces” todo es confusión y marrullería, puro timo y fraude. Añádase la negación constante de la realidad de los promotores: “Seguiríamos en la Unión Europea y en el euro”, afirman, “o nos readmitirían enseguida”. Ningún europeo ha avalado ese optimismo, sino todo lo contario y, aunque lo sepan y lo callen, para que un país ingrese en la UE se necesita la aprobación unánime de todos sus miembros, y España no lo daría, evidentemente. Pero Francia tampoco, no fuera que Cataluña quisiera solicitar el Rosellón acto seguido. Ni Italia, por no aceptar un precedente para la inventada “Padania” de los fascistas de la Liga Norte. No lo daría nadie. Y otra falacia que muchos creen, o quieren creer, es que “seríamos más ricos”, cuando la probable pérdida del mercado español sería un revés catastrófico para la economía catalana.

Cuando decimos en el resto de España que la situación es preocupante, y que el silencio, la abulia, incluso la más o menos amenaza del Gobierno de Madrid no hace más que empeorar las cosas, nos escuchan con incredulidad. El arte de la política no reside en comprender a los que hablan, sino en comprender a los que callan, y una mayoría en este río revuelto de las opciones políticas, no encuentra el modo de hacer que su voz sea oída: es preciso reconocerlo. Por imperativo democrático deberíamos dar voz a los sin voz. Si lo hiciéramos adecuadamente, tal vez descubriríamos que la mayoría de los catalanes no daría la mayoría a los partidarios de la independencia.

Desde los primeros meses de incertidumbre de 1977 a 2015 propia de una democracia joven que despierta de un letargo de 41 años, las primeras elecciones generales de la España posfranquista dieron a luz un sistema de partidos bastante homologable: una formación de centro-derecha (UCD) se emparejaba con un  partido socialdemócrata  (PSOE); a ambos les acompañaba un comunismo disminuido y una derecha escorada (AP) que se debatía entre la nostalgia nacionalcatólica y el pragmatismo necesario para mirar al futuro. Pero la corriente política pronto cogería velocidad pasando  un río de colores políticos que aún no ha encontrado remanso, y mucho menos desembocadura hacia un horizonte estable y tranquilo. Y por ahora, la corriente sigue fluyendo con las clases dirigentes con el empeño por convertirse en un pilar europeo y convirtiendo en máximo y casi único programa político el dictum orteguiano:”España es el problema, Europa la solución”.  La europeización de España servía, además de extender el marco de libertad, seguridad y prosperidad en el que se desenvolvía la democracia, para ayudar a encontrar un marco de convivencia. Como ocurriera con los alemanes, que también vieron en la integración europea una vía de escape honorable para un pasado trágico, los españoles pudieron recurrir a la identidad europea para intentar superar a los históricos problemas de articulación nacional y territorial. Un paso en esta línea fue la integración en la UE en 1986, la entrada en el modelo de la economía social de mercado. Frente al capitalismo estadounidense de corte neoliberal, capaz de producir riqueza pero con inequidad, apostaba la Europa social por el crecimiento con equidad, que era, y es, la clave de la cohesión social. Nuestra democracia es un procedimiento legítimo, pero para cumplir con su tarea han de resolverse los problemas más acuciantes que existían entonces y prevalecen aún hoy día: erradicar la pobreza, potenciar la igualdad de oportunidades, generar empleo desde la creación de riqueza con equidad.

Y rememoramos de nuevo a Celso Emilio:

“El viejo cantaba una remembranza/ el joven cantaba una esperanza/el niño cantaba una alabanza/Pueblo mío:

puesto que cantas, levántate y anda.”

Durante sus casi 40 años de vigencia, la Constitución Española de 1978 ha presidido un ciclo de normalización política y, consecuentemente, de afirmación y avance consolidado de los derechos fundamentales y las libertades públicas;  un período de progreso económico y social que ha permitido su homologación con el nivel y condiciones de vida de los países de nuestro entorno natural y de la civilización a la que pertenecen y contribuimos. La igualdad y la libertad son dos caras de la misma moneda. Porque la igualdad sin libertad ha conducido en muchos países a la dictadura. Y la libertad sin igualdad jamás acaba con la injusticia.

Este aniversario es más que una efeméride.

Es la constatación de la fortaleza de las convicciones democráticas de la muy tolerante sociedad española.

Es la confirmación de que la democracia española es el mejor éxito de nuestra historia.

Celebrémoslo.

Luis Pertejo.

Madrid, 15 de junio de 2017.