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ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS

El Código penal español es, según los expertos, uno de los más duros entre los países democráticos: en 2016 tuvo una tasa de 0,63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la 2ª más baja de la UE. Pero en la política penal siguen pesando factores emocionales. La conmoción por los crímenes atroces de los últimos años, como el asesinato de la adolescente Marta del Castillo, la niña Mari Luz  o la muerte de los niños Ruth y José Bretón a manos de su padre, el crimen de  Diana Quer expuesto una y otra vez en todas las cadenas de TV, resulta el banderín emocional de los ciudadanos que reclaman, con juicio previo, la cadena perpetua para los culpables e incluso se vería con agrado por algunas organizaciones o grupos de personas más exaltadas emocionalmente la revisión de la pena de muerte.
Con todo ello, el PP instituyó, gracias a su mayoría absoluta (cuando la tenía) la "prisión permanente revisable" para los casos de asesinatos de menores de 16 años y personas especialmente vulnerables, para los cometidos en el curso de una agresión sexual, para los perpretados por organizaciones criminales o terroristas y para los asesinatos en serie. Esta condena lleva consigo la permanencia de 25 años íntegros en la cárcel, y después el Tibunal correspondiente tendrá a bien hacer una revisión de la pena y en consecuencia valorará la conveniencia de mantenerles en prisión un determinado número de años más, o bien devolvereles la libertad dado su "buen" comportamiento durante su reclusión, su arrepentimiento y estimación de que no volvervá a delinquir al integrase en la sociedad.
Así las cosas, existen opiniones en contra de este tipo de sentencia ya que se puede considerar como una "venganza" y "encubre la cadena perpetua", proscrita por la Constitución que ordena que las penas de prisión se orienten a la reducción y la reinserción; pero la reinserción no es un derecho del reo, sino un objetivo de la política penitenciaria. Consideran tambien los que se oponen a este tipo de condena que la duración indeterminada después de los primeros 25 años, atenta contra la dignidad humana y supone un trato cruel y degradante para el condenado debido a su indeterminación, ya que la proporcionalidad de las penas es algo que deben valorar los legisladores.
Cuando ocurre un acto delictivo tan aborrecible como los antes señalados, existe un condicionamiento emocional en la ciudadanía debido a una exaltación de los sentimientos más íntimos, exigiendo una condena ejemplar sin tener en cuenta causas, motivos o atenuantes del, hasta entonces, sospechoso, ya condenado de antemano por la opinión pública. Los medios son en parte, y no poco importante, los encargados de calentar estos movimientos condenatorios. Y en consecuencia y en cierto modo, desde un principio los ánimos se desbordan.
Con el paso del tiempo estos se atemperan y suavizan. E incluso, como suele ocurrir frecuentemente, llega el olvido. Solo se rehace la memoria y las emociones cuando contemplamos de nuevo a través de la TV, y la prensa sensacionalista, la salida de la cárcel del ya casi olvidado criminal, y se repiten entonces las manifestaciones en contra de su libertad (por no haber cumplido la condena completa o insuficiente), o bien a favor sobre todo si se trata de terroristas a los que sus simpatizantes les vitorean y agasajan, como el reciente caso de los dos etarras que contribuyeron al asesinato, hace ahora 15 años, del Jefe de la Policía Municipal de Andoaín Joseba Pagazaurtundia, cuando estos, cumplida ya su condena, regresaron "libres y victoriosos" a su pueblo recibiéndoles como héroes.
Ante estas situaciones criminales y horrendos casos de pederastia, ¿Se debería legalizar la pena de muerte? ¿Y aplicar la cadena perpetua? ¿Sería suficiente la prisión permanente revisable? ¿Es aceptable la reducción de condenas por el comportamiento del reo en la cárcel mientras cumple su condena?
Luis Pertejo.
Madrid, Marzo, 2018.