LOS PROBLEMAS
COYUNTURALES DE LA UNIVERSIDAD
Nuestro sistema democrático nos
ha llevado a implantar instituciones de tanta importancia para el futuro del
país como es la Universidad, igual que ocurre en países de nuestro entorno. Y,
sin embargo, nuestra Universidad no va bien. La Ley de Reforma Universitaria,
que llevó la democracia a las aulas, se promulgó para dar respuesta a los
problemas existentes a comienzos de la década de los ochenta. La Universidad de
entonces, la de los primeros años de la democracia, era heredera directa de la
Universidad franquista, gestada en la fuerte represión de intelectuales y de
universitarios que siguió a la guerra civil. La aplicación de criterios de
índole política, y no estrictamente académicos, como requiere la lógica de la
institución en la selección del profesorado, hizo retroceder la calidad de la enseñanza
universitaria en España. En una institución cuya verdadera razón de ser es el
fomento de la excelencia en todos los campos del saber, del que depende el
futuro de la sociedad, semejante herencia había tenido un efecto devastador.
Pese a algunos tímidos cambios en ciertas disciplinas que consiguieron imponer,
siquiera esporádicamente, los criterios de calidad en la selección del
profesorado en los sesenta y setenta, las consecuencias de este sistema de
selección seguían vigentes a la llegada de la democracia. Éste era el verdadero
problema de fondo de la Universidad española a la muerte de Franco.
Naturalmente, había otros -masificación entre los estudiantes, precariedad
laboral entre el profesorado, escasez de fondos para que unos y otros
investigaran-, pero eran de carácter coyuntural. El verdadero problema, el que
afectaba a la esencia misma de la institución, y del que todos los anteriores
no eran sino manifestaciones externas, era la escasa calidad derivada de la
interferencia de criterios políticos en la selección del profesorado.
Examinemos los problemas
coyunturales. La masificación de la enseñanza universitaria es un problema
falso: no existe. O, mejor dicho, no debería existir; bastaría con que los
estudiantes practicaran su oficio -el de estudiar- para que obtuvieran su
titulación dentro de los plazos previstos en lugar de eternizarse en las aulas
masificándolas. Para cumplir con éxito su objetivo deberían contar con un
profesorado capaz y eficaz, seleccionado exclusivamente en función de sus
méritos académicos -investigación y publicación frente a superficialidad y
agrafía- e incentivado mediante la ampliación y consolidación de una escala
profesional basada en esos mismos méritos académicos. Con ello desaparecería,
además, otro falso problema: la precariedad en el empleo.
Si tan sencilla es la solución,
¿por qué no se aplica? Porque los criterios que gobiernan la Universidad no son
los propios de la institución -la excelencia académica-, sino los de un régimen
democrático en el que los distintos colectivos luchan por defender sus
intereses, que no necesariamente han de coincidir con los de la sociedad que la
financia. Al contrario, acostumbran a ganar en el juego democrático quienes
descuidan sus deberes profesionales. Además, en todo régimen democrático -más
aún en los proclives al caciquismo- hay sectores que no tienen representación
propia y, por consiguiente, carecen de capacidad de acción: así, tantos excelentes
doctores en paro, que no en precario, a los que nunca se ha dado una
oportunidad de integrarse en la Universidad; muchos profesores bien cualificados,
investigadores por definición, tan carentes de espíritu de cuerpo, cuya
movilidad, ascenso y capacidad de tener discípulos se ve limitada por su propio
aislamiento; y en general, los buenos estudiantes cuyas necesidades se
encuentran desatendidas ante el colapso del sistema en su conjunto. En
definitiva, todos aquellos cuya labor exclusiva es la propia de la Universidad
-el estudio y la investigación- y que no entran en las tareas políticas
-pactos, pasillos, favores- que les son ajenas.
Este colectivo, diverso, disperso
y altamente profesionalizado, no está organizado y carece de capacidad política
para proteger sus intereses, que en general coinciden con los de la sociedad
española: una Universidad de calidad basada en una fructífera convivencia entre
estudiantes y profesores verdaderamente profesionales, que garantice las
necesidades de formación de capital humano de la España del siglo XXI y asegure
su futuro crecimiento económico.
La Universidad debe responder ante la sociedad, a la que dicen servir,
con una gestión eficaz y transparente y facilitar cuanta información se le
exija. Pero si se afana en ocultar sus errores y contradicciones no podrán
jactarse de ser responsable. Es pues necesario e imprescindible implantar un
sistema de evaluación de la calidad buscando
un marchamo exterior de solvencia. Lo malo es que el marchamo implantado
está lejos de ser exterior. Así nacieron las agencias de evaluación, la ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y las
correspondientes agencias autonómicas de evaluación, cuya burocracia no ha
hecho sino crecer. Su finalidad es la de evaluar el conocimiento, dedicación,
formación y actualización de los profesores, así como las titulaciones
expedidas por las correspondientes universidades. Se firman acuerdos de
reconocimiento entre dichas agencias autoalimentándose con comisiones y comités,
protocolos de actuación y nuevos diseños informáticos, acabando por convertirse
en procesos que proporcionan la justificación misma de la universidad, a fin de que la universidad pueda
contar con voces amigas cuando le llegue el momento de ser evaluada.
Así nos
encontramos en un círculo vicioso ya que son las propias universidades las que
controlan a las agencias, mejor dicho, sus profesores. La Conferencia de
Rectores y los sindicatos universitarios forman parte de ANECA y deciden
conjuntamente los criterios de evaluación. Los criterios de eficacia y rendimiento
de los alumnos no se utilizan en las evaluaciones, y ni siquiera se publican.
Una de las claves
del fracaso de la Universidad española es la endogamia que crea un sistema de
compadrazgos, favoritismo y socorros mutuos, no solo por la contratación de
profesores, sino que se ha extendido a todo un sistema de evaluación, con lo
cual no vela debidamente por la calidad de la universidad ocultando, en consecuencia,
los casos que están aflorando. De aquéllos polvos, vienen estos lodos.
La Ley de Reforma universitaria
de 1983 contribuyó al localismo y la endogamia de la universidad democrática, y
los diputados que eran entonces en su mayor parte profesores universitarios, se
sirvieron de su posición para avanzar en su carrera engranando con la esfera la
política.
Mediante la posterior Ley de 2007
se sustituyen títulos de licenciado por el de graduado a fin de equiparar
nuestras titulaciones y universidades con las europeas. Y más aún, se reducen
los 5 años de licenciatura y los 6 de ingeniería por una duración similar para
todos los grados a 240 créditos. Y ya para rizar el rizo, se compensan los
grados de larga duración con másteres cortos con programas de 30 créditos para
titulaciones llamadas de “fin de semana”. La exigencia, rigor y utilidad de las
mismas brillan por su ausencia. Con todo ello, no se han conseguido ni mejores
universidades ni más europeas.
El problema está donde no se
quiere ver: en la incapacidad de la universidad para seleccionar a profesores y
alumnos en función de su cualificación que debe incluir su formación,
renovación y readaptación a las exigencias de cada curso para impartir las
materias correspondientes a los alumnos que elijan sus estudios en función de
criterios objetivos acerca de la calidad de la formación a recibir.
Y si se ha descuidado hasta ahora
la regeneración de nuestras universidades, es ya el momento de marcar unas
líneas generales para seleccionar las universidades que lo merezcan para formar
a la élite de un país, y terminar definitivamente con el bochornoso caso del
máster fantasma que en muchos casos solo sirve para abrillantar el currículo de
alguien y aprovechar el ventajismo que le puede proporcionar.
La Universidad se asienta
esencialmente sobre tres soportes:
-
El político, para legislar leyes adecuadas a las
necesidades del país.
-
La docencia, empleando profesores que han de
demostrar su sabiduría y preparación, independencia y liderazgo para enseñar.
-
Y el alumnado, cuyo deber ha de ser el de
dedicarse con interés y sacrificio a estudiar, al estudio de las materias
elegidas con interés en el aprender y en el saber.
Porque si no, hoy como ayer, no
es el mérito lo que abre las puertas de la universidad, sino el servilismo. No
es el amor a las ciencias y a las letras lo predominante en las facultades que
las imparten, sino la rencilla académica, la envidia y la maledicencia. La
bajeza intelectual se codea con la bajeza moral incluso allí donde sólo
deberían reinar el gusto por el saber y la altura espiritual, cualidades que
deberían revestir a quienes supuestamente profesan la inteligencia.
Luis Pertejo.
Madrid, abril, 2018.
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