martes, 26 de agosto de 2014

CREAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y CONSENSO

El crecimiento de las economías europeas más importantes durante la última mitad del siglo pasado, dio como resultado el inicio y desarrollo de el llamado “Estado de bienestar”, tal y como lo conocimos en Europa.
En el aspecto laboral, el trabajador entonces tenía la casi seguridad de jubilarse en la primera empresa que lo contrataba después de un período de prueba, siguiendo el  modelo japonés. Pero estas condiciones favorables han ido despareciendo poco a poco a partir de los años 80. Surge entonces la globalización y la crisis de la deuda soberana, y como consecuencia se imponen restricciones presupuestarias y financieras. Y para mantener las condiciones del perdido estado de bienestar que soportan algunos Estados europeos, sus líderes reaccionan aumentando los impuestos y solicitando mayores créditos con lo que la deuda adquiere proporciones que se acercan e incluso superan su PIB. Los gastos excesivos del Estado en inversiones inútiles, poco rentables o efímeras reducen cualquier otro tipo de gasto sin considerar que la calidad de la inversión pública en la educación, investigación y sanidad es prioritaria.
El declive del estado de bienestar nos lleva a definir de una vez por todas qué tipo social es el que han de heredar las próximas generaciones. En consecuencia, cada país ha de costearse su estado social como consecuencia de la restricción presupuestaria impuesta por la globalización y la libre circulación de capitales. Se han de promover las reformas fiscales que procuren el aumento de la tasa de empleo estableciendo las prioridades justas en el gasto social, así como una distribución equitativa en su financiación.
La globalización ha sido el proceso que fundamentalmente ha marcado la política mundial en las últimas décadas.
Hasta los años 90 la globalización era sinónimo de prosperidad  por sus diversos logros. Sin embargo, en el último lustro, la globalización nos conduce a la inseguridad, donde se encuentra el auge de la desigualdad.
Se puede generalizar, no sin desacuerdos, que se precisan políticas expansivas, crecimientos salariales alineados con la productividad y una mayor flexibilidad en el mercado laboral. La Sociedad ve como el Estado, que se obliga a la protección de los derechos humanos, sociales y políticos, así como los económicos y culturales, no ha conseguido evitar las desigualdades y no satisface sus deseos de bienestar material y con la desesperanza de alcanzarlos en un futuro. Todo ello lleva a crear una desafección del ciudadano hacia los partidos y gobernantes por incumplidores de sus promesas electorales. Hay, pues razones objetivas para la crispación y el antagonismo y para  las protestas sociales.
En gran parte de los desafíos planteados a nivel Estado requieren soluciones europeas. La falta de reformas en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, la incompetencia del FMI y del Banco Mundial, el debilitamiento de la UE, la inoperancia de los “G” (G-7, G-20) nos ha llevado a una arquitectura institucional cada vez menos creíble y más ilegítima, lo que nos lleva a un descalabro creciente de instituciones y regímenes. Estas organizaciones debidamente reformadas y con acuerdos y consensos internacionales eficaces, son los que podrían limitar la arbitrariedad y decisiones de multilateralismo agresivo y oportunista de los poderosos para crear mecanismos de coordinación y consenso

 Es ya el momento de aplicar políticas fiscales de alcance europeo que impida que las rentas del capital superen ampliamente a las rentas de trabajo (Piketty), y se desplacen de un país a otro en función de la distinta presión impositiva. Se puede y debe reconstruir una Europa democrática, ya que las democracias son un modo de organizarse políticamente que conlleva el respeto y la protección de los derechos humanos.
La crisis ha roto el Estado de bienestar en el mundo que vivimos como consecuencia de una economía más pobre, pero una economía más pobre no tiene porque engendrar una Sociedad más injusta.


Madrid, agosto, 2014.

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