LOS GOBIERNOS GOBIERNAN MAL PORQUE LES CONVIENE.
Por qué gobiernan mal los
Gobiernos? Por qué no hacen las cosas
bien?
Se puede pensar en primer
lugar porque no les queda más remedio, ya que eso supondría enfrentarse con los
beneficiarios de la situación caótica existente. El Gobierno probablemente no
tiene fuerza suficiente para vencer esa
resistencia, la inercia que se arrastra de la mal gobernanza. Es decir, no pueden.
Otra causa podría ser que
los Gobiernos ignoran el qué hacer. La compleja regulación financiera dificulta
su renovación, y ante esta dificultad se ignora predecir sus consecuencias. Lo
mejor es no hacer nada. Es decir, no
saben.
Y lo que se considera
como más probable es que los Gobiernos no
quieren hacer las cosas bien.
Los grupos económicos que
apoyan al partido al cual pertenecen o con el que simpatizan pueden ser
castigados con la
liberalización de mercados, ya que perjudican intereses personales de algún
dirigente político, ministro o allegados. No interesa el trabajo bien hecho, el
proyecto riguroso ni la dirección de
obra responsable si a la obra civil y la construcción nos referimos. Y lo mismo
se puede decir de cualquier otra actividad o gestión, ya que no dejaría margen
para comisiones, presupuestos inadecuados y otras fullerías. En consecuencia se
favorece la mediocridad y un defectuoso e imperfecto ejercicio profesional,
porque a peor proyecto, mayores modificaciones al mismo y mayores beneficios
por la puerta de atrás, mayor número de amigos satisfechos, mayores comisiones
y en definitiva mayores lucros para unos pocos en contra del bien de la mayoría de los ciudadanos,
afectando siempre en mayor medida a las clases sociales más desfavorecidas. Y
aún más, algunos de los buenos profesionales, que los hay y en abundancia, son
contagiados por el entorno y el ambiente al que pertenecen para ganar dinero
fácil impunemente, cayendo en la corrupción de la cual tantos y tantos ejemplos
tenemos en los últimos años, en los
últimos meses y casi a diario se desvelan nuevos casos de corrupción
procedentes no sólo de la época de bonanza económica y que la ciudadanía y los
medios apenas le daba importancia y que entonces apenas eran noticia, salvo
escasos casos flagrantes (caso Marbella, por ejemplo). Hoy se escandaliza la
ciudadanía de las personas de relevancia y cargos importantes (alcaldes,
concejales, diputados, tesoreros de partido, sindicalistas, patronos de
empresarios e incluso ministros) que sean imputados por diversos delitos e
incluso condenados a pagar altas multas o incluso ir a la cárcel.
Todo esto está favorecido
por la política de nombramientos de instituciones del actual Gobierno (Comisión
Nacional del mercado de Valores y la Competencia, miembros del Consejo de
Seguridad Nuclear, Fiscalía General del estado, CSTJ y muchos otros) con
nombramientos seleccionados por los políticos para generar una magistratura
temerosa de controlar al ejecutivo. La evidencia de que la buena selección de
directivos públicos independientes y
competentes, lejos de generar rechazo hubiera sido aplaudida dentro y fuera de
España. ¿Qué gana el Gobierno con tales nombramientos de profesionales o
personas mediocres sin titulación alguna ni experiencia para el cargo que se
les asigna? O incluso, ¿personas de alta cualificación profesional pero adictos
a uno u otro partido político que condicionarán sus decisiones? Gana dos cosas:
La primera controlar las instituciones, ya que una institución vigorosa
dirigida por políticos y buenos profesionales independientes podría cercenar la
libertad de actuación futura del Gobierno. Y esta idea no gusta demasiado a
nuestros políticos, ya que la actuación conseguida con dirigentes dóciles al
Gobierno es muy valiosa para una economía pequeña e intervencionista como la
nuestra (subasta de la electricidad, como
ejemplo reciente hasta no hace mucho, o sin competencia entre las
distribuidoras) y evitándose controles e inspecciones no deseadas y sorpresas
inesperadas. El Gobierno mantiene además la cooperación de todos los dirigentes
políticos a los que se recompensa por su colaboración con posibilidad de obtener algún mejor cargo o
sinecura por su docilidad, o por el
contrario la amenaza de salirse de la lista electoral. Estas designaciones
sostienen un ecosistema de políticos que raramente han alcanzado su excelencia
profesional en el mundo de la empresa privada, si es que han trabajado alguna
vez en ella. Este sistema sobrevive por la ausencia de una fiscalización efectiva
de la actuación política. Los medios de comunicación prestan poca atención a la
mala gobernanza, sobre todo si los
pecados cometidos son “de lo míos”
En resumen, la selección
de directivos en nuestras instituciones no es casual ni accidental. Es una
respuesta estructural dados los incentivos existentes. Pero el análisis al ser
estructural no se limita únicamente a los partidos políticos, ya que la mayoría
han participado con gran satisfacción y beneficios en el sistema por décadas. Y
las organizaciones empresariales, amén de los sindicatos mayoritarios también
han sabido acomodarse al reparto de cargos. De la banca y del sistema bancario…
no hablemos. Véanse las “Cajas”.
La oposición al Gobierno
de turno sabe que antes o después regresarán al poder en la alternancia del
bipartidismo, y así mismo tiene poco interés en quedar fiscalizados para
gobernar de modo similar o parecido.
Las razones por las que se ha llegado a esta situación se
encuentran en la economía política de la Transición y la democracia. Unos partidos nuevos y
débiles aún necesitaban afianzarse en y renovarse para lo cual se necesitaba
colocar a”los nuestros”, cuya único mérito sería la fidelidad al partido, al
que debían afiliarse si no lo estaban, y dóciles con los mandos para aceptar,
defender y aplaudir sus decisiones. Esta actuación con el argumento de la
democratización de las instituciones, fue fácilmente vendible a una sociedad
acostumbrada a no ser exigente por ignorada. Al mismo tiempo los partidos iban
expulsando o impidiendo su promoción en la organización a las personas más
capaces por ser más díscolas o menos complacientes con la política que el
partido realizaba. Todo ello (sí a los dóciles aunque mediocres, no a los
díscolos aún siendo los más capaces) llevó al desplome de la calidad media de los políticos de cualquier
partido. Y este proceso se agudizó con la llegada de la burbuja inmobiliaria.
La aparente prosperidad anestesiaba a la sociedad frente a los abusos de los
políticos que vieron cuan fácilmente podían multiplicar las rentas que podrían
extraer del sistema.
El reto es romper el
sistema actual para la regeneración institucional de nuestra débil democracia,
lo cual es fundamental para fortalecerla
y conseguir una expansión sólida de la economía.
¿Y cuales deberían ser
los primeros pasos a dar para obtener o restaurar la confianza de la sociedad
en los
políticos y en el
Gobierno? Pues castigando con más dureza la prevaricación, reforzar las
competencias del Tribunal de Cuentas, incrementar la transparencia de las
instituciones y partidos políticos, incluyendo el Gobierno y la Casa Real,
etc., así como prohibir indultos, agilizar la justicia incrementando los medios
para tramitar con mayor celeridad los numerosos casos abiertos por delitos de
corrupción (que tanto eco mediático tienen), con medidas para reforzar la
independencia de los fiscales y perseguir a fondo el fraude fiscal. Empezando
por aquí aumentaría la confianza de la sociedad en el Gobierno, en la justicia
y en los políticos, es decir, en la gobernanza del País. Y entonces usar el
voto ciudadano para echar de las instituciones a los partidos indolentes en la
lucha contra esta plaga. Así muy probablemente se conseguirá una mejora en la
economía de las empresas, esencialmente de las pymes, incrementando la
recaudación por impuestos sin subirlos (incluso reduciéndolos), y bajando la
espantosa cifra del paro creando empleo.
Pero ante la falta de
voluntad de la mayoría de los partidos en aceptar y promover estas acciones y
cambios, la sociedad civil con su movilización política legal y mediática
tomará la iniciativa para liderar el esfuerzo de quebrar el deterioro de las
instituciones y restaurar el Estado de derecho en España.
Julio, 2014
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