A
LA CAZA DE TALENTOS
Muchos sabemos que en
este país hay una base de investigación excelente y muy competitiva. Pero es
esencial que la sociedad también lo sepa y entienda e invierta en ello debido a
sus implicaciones indirectas en la salud y la economía. No podemos olvidar que
las encuestas muestran que apenas el 10,5% de los futuros estudiantes elegirá
grados universitarios relacionados con las ciencias.
Además, el talento, si no
se descubre a tiempo y si no se guía adecuadamente, se malogra. Una de nuestras
funciones es descubrirlo y guiarlo a través de los programas de tutorización
con mentores cualificados. ¿Quién tiene el potencial para ser un investigador?
El talento atrae más
talento. Lo estamos comprobando en los resultados en investigación. En este
sentido, la cosecha de 2017 ha sido fructífera, pues se ha constatado una
evidencia: la inversión en talento logra una investigación que ya se está
trasladando a la sociedad.
Conviene no olvidar que
todo este talento está dirigido a buscar soluciones. Gracias a la financiación
privada ha permitido crear un programa de formación y captación de talento a
través del cual se identifica y se forma a los jóvenes más brillantes que,
desde etapas tempranas de su educación, muestran interés por la ciencia y por
la investigación. Este programa, que cubre todos los niveles de formación,
desde la enseñanza secundaria hasta la formación posdoctoral, está instaurando
una cantera de excelentes profesionales que cimentarán la investigación en el
futuro en nuestro país. Asimismo, dicha financiación privada estable ha
permitido dotar al CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Científicas) de la
mejor tecnología necesaria para llevar a cabo una investigación competitiva
mundialmente. Las empresas que integran la Fundación reafirman a través del
mecenazgo científico un doble compromiso: la promoción de I+D+i como señal
inequívoca de progreso y de avance para nuestra competitividad y la mejora
sustancial de la calidad de vida de los españoles.
A través de este modelo público-privado,
el CNIC cuenta con una gran cartera de programas de incalculable impacto
social. Entre otros, la transferencia de conocimientos es la mejor manera de
revertir en la población general los recursos en investigación de la
Administración pública y privada y de generar así un retorno económico de la
inversión. Y eso lo lleva el CNIC en el ADN desde su fundación. Por eso es
primordial recalcar el papel del investigador. Es sabido que la excelencia y la
calidad en la investigación se alcanzan, principalmente, asegurando el capital
humano. Un esmerado proceso de selección del personal científico, su periódica
evaluación por un comité externo de excelencia y la oferta tecnológica de
última generación garantizan la productividad de muchos centros, y promueven un
cambio de paradigma en la investigación cardiovascular española.
Ciencia, Salud y
Educación son las bases del futuro. Pero la ciencia no es suficiente. Ha de
haber un programa educativo de mucha intensidad y se debe apostar
definitivamente por modelos que generen un retorno en términos económicos y de
beneficios en salud a la sociedad. Entre las grandes apuestas que tenemos
actualmente está hacer un esfuerzo considerable en materia de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i). Ese es el camino para avanzar y conseguir el desarrollo de una economía productiva la cual
ha de basarse en la innovación como elemento clave.
Pero los centros de investigación se encuentran al borde del colapso.
El Ministerio de Ciencia e Innovación tiene en la actualidad adscritos
los siguientes organismos: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CSIC, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CIEMAT, el Instituto Geológico y Minero de España IGME, el Instituto Nacional de
Tecnología Aeroespacial INTA, el Instituto Español de Oceanografía IEO y el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias INIA. Posteriormente se unieron
a estos seis centros el Instituto de Salud Carlos III ISCIII.
Sus objetivos son los de generar conocimiento
y tecnología al servicio del desarrollo industrial de España, centrando una
parte significativa de su actividad en la colaboración público-privada, y
siendo motor un motor de transferencia tecnológica al sector industrial.
La política científica se ha convertido en
materia prioritaria para la Unión Europea, marcadamente desde el Consejo
Europeo de Lisboa de 2000 y con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en
2009, momento en el que se refuerzan las capacidades de las instituciones
europeas en esta materia. La coyuntura de crisis económica y financiera se
entiende como una oportunidad para fomentar la política científica centrándola
en los grandes retos sociales, idea que fundamenta la Innovation Union aprobada
en 2010 y la European Research Area de 2012, enmarcadas ambas en la estrategia
Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Sin embargo, los recortes sostenidos desde la
crisis económica mundial del 2008 y, en consecuencia, la partida económica se
ha reducido más de un 20%, con lo que la disponibilidad de fondos en estos
Organismos públicos, a más de las dificultades surgidas en aprobar los
Presupuestos de los años 2017 y 2018, no han devuelto a la investigación a sus
niveles originarios de financiación.
El funcionamiento de los centros y organismos
de investigación e innovación no solo se ven afectados por esta reducción
presupuestaria, sino también por la situación precaria de su personal con
contratos laborales temporales, sin llegar a consolidarse sus puestos de trabajo.
Se añade a lo anterior la estrangulación de
los Centros por la batería de normas administrativas de control y fiscalización
de la actividad inadecuadas y obsoletas para este tipo de Organismos, lo cual
causa un efecto de imposibilidad práctica de formalizar convenios, dilatan y
dificultan la ejecución de la inversión y la actividad, lo que trae como
consecuencia la necesidad de unos recursos de gestión de los que no dispone.
Así se originan situaciones como las de no poder firmar convenios de manera
operativa, cumplir los plazos contractuales comprometidos o abonar las cuotas
de participación con los agentes de la industria y de la I+D.
Todo ello lleva a un desgaste administrativo y
económico, como los retrasos de pagos, incumplimientos con penalizaciones
económicas, pérdida de competitividad y, sobre todo, pérdida de oportunidades
de participación en proyectos, y una larga lista de falta de eficacia en el uso
de los recursos públicos.
En resumen, los tres factores que causan el
colapso de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), dependientes del
Ministerio de Ciencia e Innovación podrían definirse como: Las fuertes
limitaciones presupuestarias, la precariedad crónica de parte del personal y la
superposición de nuevas normas administrativas que son letales para un Centro
de Investigación dinámico y en constante interacción con la industria y con las
Instituciones.
Con voluntad política, sería posible aplicar
soluciones eficaces inmediatas. Basta con que se tome conciencia política del
enorme perjuicio que la situación actual está causando a un sector de
importancia estratégica para entender la urgencia de poner en marcha las
medidas normativas que pueden resolver estos problemas a coste cero
presupuestario para salvar in extremis
los centros de I+D de un colapso inminente.
Porque para entonces, ya no se necesitarán
talentos.
Luis
Pertejo.
Madrid,
septiembre, 2018.
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